“La presente Orden tiene por objeto el establecer un protocolo de actuaciones, a fin de amparar y tutelar la protección del personal docente objeto de agresiones físicas, articulando los mecanismos de cooperación necesarios con la Fiscalía , para asegurar la mejora de la eficacia en la investigación, persecución y castigo de dichas agresiones.

Dichas agresiones podrán tener la consideración de delito de atentado, tipificado en el artículo 550 del vigente Código Penal, cuando los maestros, maestras, profesores y profesoras en el ejercicio de su función pública docente y estando en pleno ejercicio de sus cargos o con ocasión del ejercicio de sus funciones educativas, sufran actos de violencia física por parte de algún miembro de su alumnado, o por los padres, madres o personas que ejerzan la guarda legal sobre sus pupilos, o por otras personas familiarmente vinculadas al alumnado con la situación de violencia.” (Art. 1 de la Orden )

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