La promoción de
la FP como vía de mejora del tejido productivo, de la cualificación profesional, y de aumentar de las posibilidades de inserción en el mercado laboral, facilitando la “empleabilidad”, no puede ocultar los objetivos reales, que el discurso quiere encubrir: potenciar centros privados y concertados, desmantelando la oferta pública; hacer creer que el empleo aumenta al mejorar la cualificación, ocultando que son la demanda y la inversión productiva los creadores de empleo, y que, sin estos factores no puede aumentar el número de puestos de trabajo.
La creación de una universidad privada en Canarias, a la que se transfieren recursos y se conceden facilidades, es una muestra más de la voluntad privatizadora de la coalición gobernante.
La decisión del gobierno de Canarias de promulgar un nuevo sistema de gestión de listas de interinos, desechando el criterio de antigüedad como básico en la ordenación, es una prueba más de su decisión de disminuir el empleo y empeorar las condiciones de trabajo y dejar en la mayor precariedad al colectivo de interinos, junto con otras medidas, como el no pago del verano, la reducción salarial después de 90 días de baja y las contrataciones a tiempo parcial para bajas a horario completo.
A los docentes funcionarios de carrera se les empeora sus condiciones de trabajo, obligándoles a compartir centros, asumir tareas fuera de su jornada laboral, a suplir bajas laborales, a atender a más alumnos o a distintos niveles en la misma.
Por otra parte, el borrador de Proyecto de Ley de Función Pública canaria y el plan de funcionarización del personal laboral van en el mismo sentido, de disminución del empleo y de empeoramiento de los servicios públicos.
La política continuada de recortes presupuestarios, curso tras curso, ha dado lugar al deterioro creciente de la enseñanza pública, según pone de manifiesto el informe PISA o el diagnóstico presentado recientemente sobre 4º de Primaria.
El Presidente del Gobierno canario, Sr. Rivero Baute, y su Consejera de Educación, Sra. Luís Brito, han reaccionado atribuyendo la responsabilidad del deterioro educativo a docentes y padres, acusando a los docentes de cobrar sin trabajar, de no formarse, etc., y hacen la falaz y provocativa oferta de cursos de verano para profesores.
Ocultan deliberadamente la relación que hay entre fracaso escolar y la disminución de partidas presupuestarias en la enseñanza pública; la relación entre el nivel cultural y profesional de los padres, de la situación económica familiar y las posibilidades y expectativas de los hijos. También, que sin aumentar los recursos, no es posible hacer frente, desde la escuela a las adversas condiciones sociales para intentar compensarlas. Ocultan, finalmente, que el alto porcentaje de paro, los reducidos salarios, y la pobreza que afecta en torno al 30% de la población tiene que ver con su gestión privatizadora de los recursos públicos, y con una política fiscal que deja en manos del empresariado la mayor parte del dinero que debería pagar en concepto de impuestos de sociedades.
Frente al desmantelamiento de la enseñanza pública, al empeoramiento de nuestras condiciones de trabajo, EA-Canarias considera necesaria y urgente, la respuesta unitaria del profesorado, de todos los sectores implicados, para impedir su continuo deterioro.
Canarias, a 3 de julio de 2010
Coordinadora Nacional del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de
la Enseñanza Asamblearios de Canarias (EA-Canarias)
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